Responsabiliza el texto al presidente estadounidense, Donald Trump, y al salvadoreño, Nayib Bukele, de penalizar a estos migrantes para encerrarlos en las cárceles construidas con fines represivos por el gobernante centroamericano como “parte de los negocios del sistema capitalista”.

Enfatiza el escrito en la importancia de salvaguardar a las comunidades migrantes, que frecuentemente se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad y peligro en su búsqueda de un mejor nivel de vida.

En relación con la República Bolivariana, aclara que la salida de miles de venezolanos del país se debió a “la coerción, la utilización de fondos venezolanos depositados en bancos internacionales y el cerco económico a través de (…) miles de sanciones impuestas contra Venezuela por Estados Unidos y el mundo financiero internacional”.

Solicita el capítulo Bolivia de la Internacional Antifascista a la comunidad global, emitir resoluciones que condenen la vulneración de los derechos humanos que Washington comete contra los migrantes de cualquier procedencia, especialmente contra venezolanos.

Deplora que, estos últimos simplemente por su tierra de procedencia, son catalogados como delincuentes para justificar su reclusión en centros de acceso complicado e incluso inviable.

La víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el retorno mañana de 306 migrantes provenientes de México en un vuelo del plan Vuelta a la Patria, a través de cual regresaron ya casi un millón de venezolanos a su país.

El jefe de Estado informó que ordenó incrementar las acciones diplomáticas para traer a todos los migrantes nacionales de Estados Unidos.

Maduro calificó de crueldad e injusticia lo que hicieron los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador con los migrantes nacionales, y afirmó que fue “un acto bochornoso, cruel, de desaparición forzada y secuestro”.

Reveló en ese sentido la creación en Venezuela del Comité de Familiares y Víctimas de Migrantes Secuestrados en El Salvador, cuyos integrantes ya contactaron con bufetes de abogados y defensores de los derechos humanos en ese país.

Al respecto, informó que ese equipo llevará el proceso legal de defensa de los compatriotas, mientras el Gobierno y el Estado bolivarianos actuarán por todas las vías legales para lograr la liberación de cada uno de los secuestrados.

Demandó Maduro justicia a la Corte Suprema de El Salvador, reiteró que los migrantes no cometieron delito alguno en la nación centroamericana y “deben ser liberados rápidamente y entregados a su familia en Venezuela”.

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