¿Cuándo Filipinas se convirtió en una provincia de La Haya?, inquirió la senadora Imee Marcos, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta del Congreso, durante una sesión aprovechada para interrogar a altos oficiales del Ejecutivo.

La legisladora criticó que las autoridades filipinas siguieran una orden emitida por la CPI, la cual carece de jurisdicción en el país asiático, subrayó.

El exmandatario fue detenido y trasladado a la sede de la CPI, en La Haya, Países Bajos, para responder por hechos delictivos relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas y cometidos cuando el país todavía era miembro de ese tribunal.

La investigación de la CPI gira en torno a la mortífera guerra contra el narcotráfico desplegada por Duterte cuando era alcalde de Davao, una ciudad de 1,7 millones de habitantes en la isla de Mindanao, en el sur de este archipiélago, considerada una de las urbes principales del país.

Hace seis meses, el experimentado político -de 79 años de edad- confesó haber dirigido un escuadrón de la muerte a fin de combatir la delincuencia y acabar con el crimen.

Para desplegar su guerra contra las drogas, dijo textualmente que hizo lo que tenía que hacer.

Duterte fue alcalde de Davao un total de 22 años en tres etapas: 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016, en ese último año se convirtió en presidente de la nación hasta 2022.

La urbe de Davao pasó de estar en la lista de las ciudades más peligrosas de Filipinas a ser una de las más seguras y el dirigente lo imputó a su política de tolerancia cero con la delincuencia.

Tal estrategia implicaba numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

“No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país”, declaró Duterte en una audiencia ante el Senado filipino, en octubre de 2024.

El propio Duterte retiró a Filipinas de la CPI en 2019.

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