De acuerdo con la entidad, tal decisión se tomó para avanzar en las labores de exhumación e identificación de desaparecidos en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Responde asimismo a la solicitud presentada por diversos colectivos de víctimas de la zona priorizada durante el proceso judicial, como parte del esfuerzo por restaurar los daños causados por las acciones bélicas.

Apuntó además la JEP que la orden tiene por objetivo avanzar en el esclarecimiento de la verdad, tomando en cuenta los reportes proporcionados por las autoridades étnicas y las víctimas de los municipios de Corinto y Miranda, en Cauca.

Dichos informes, detalló la fuente, señalan que en este cementerio fueron inhumados, como cuerpos no identificados, miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, así como personas presuntamente desaparecidas por la misma estructura guerrillera.

La medida ordena a la Parroquia San Miguel Arcángel, a la Alcaldía de Corinto, a la Gobernación del Cauca, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Ministerio del Interior adoptar acciones para garantizar la protección de ciertos pabellones del camposanto.

El objetivo es asegurar el derecho a la verdad de las víctimas y consolidar el universo de víctimas desaparecidas en esa zona priorizada por el Caso 05, especificó la JEP.

Como parte de este trámite, el Grupo de Análisis de la Información de órgano de justicia transicional realizó un estudio de geolocalización de casos de desaparición forzada ocurridos entre 1983 y 2016 en los municipios de Corinto y Miranda, con el objetivo de confrontar hechos y zonas de resguardos del territorio.

Dicha investigación concluyó que existe evidencia que permite inferir la presencia de comunidades indígenas en esa región y, por ende, la necesidad de analizar el perfil de las posibles víctimas que allí reposan.

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