En mensaje trasmitido a través de sus redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo informó anoche los resultados del diálogo sostenido casi todo el día con transportistas de carga pesada, de servicio público y mercados.
Luego de la ola de manifestaciones con casi 40 rutas afectadas por las protestas, el mandatario afirmó primero que fue electo para impulsar cambios necesarios en la nación y estos muchas veces son difíciles.
“Tenemos una deuda histórica con transformaciones que muchos gobiernos se han negado a asumir”, expresó, mientras señaló que desatendieron la obligación de cumplir con la ley y crear garantías para las familias que se ven enfrentadas a un accidente.
La necesaria implementación del seguro obligatorio para el transporte generó dudas entendibles en muchos hogares y estas se suman a descontentos legítimos que provocan malestar, describió el jefe de Estado.
Arévalo reconoció que entiende estas dudas y malestar, por ello alcanzaron acuerdos como conformar una mesa técnica de trabajo en la que se discutirá la normativa para operativizar el artículo 29 de la Ley de tránsito en un plazo de un año.
Segundo, detalló, trabajar en la elaboración de una propuesta de iniciativa de Ley general de transporte, debido a que el marco legal vigente está desactualizado para las diferentes modalidades de transporte actuales y futuras.
Tercero, derogar los acuerdos 46, 47, 48 y 49-2025 en tanto se lleguen a los nuevos consenso, añadió el abanderado del partido Movimiento Semilla.
Comentó que instruyó al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para que acompañado del vicetitular de Transporte, Fernando Suriano, abran inmediatamente este proceso.
El presidente invitó a los distintos sectores involucrados a participar en el esfuerzo, al tiempo en que recordó que los accidentes y muertes por hechos de tránsito son de las tragedias más sentidas por el pueblo de Guatemala.
El mandatario trasmitió la convicción de que una nueva normativa general de transportes es el mejor modo de luchar contra el crimen y la inestabilidad de los pueblos de este territorio centroamericano.
Antes, los reconocidos 48 Cantones del departamento de Totonicapán insistieron en la solicitud a la actual administración de cancelar el seguro obligatorio de vehículos, relacionado con la seguridad vial.
Los líderes originarios otorgaron un plazo de cinco días para revertir la medida y, además, se pronunciaron en contra del aumento salarial de los diputados.
Cámaras empresariales pidieron soluciones que garantizaran los derechos ciudadanos y la estabilidad económica.
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