Estos actos configuran un crimen de lesa humanidad al criminalizar, secuestrar y torturar a quienes han migrado desde Venezuela a ese país, incluyendo a adolescentes, niños y niñas, que hoy son considerados «enemigos extranjeros», expresó el ISB en un comunicado.

Denunció que esta nueva agresión contra la República Bolivariana está basada en una ley estadounidense anacrónica que data del siglo XVIII y se usó por última vez en 1941, y viola flagrantemente el Derecho Internacional.

La fundación del Estado venezolano señaló que “quienes han emigrado desde Venezuela hacia territorio estadounidense son, en su gran mayoría, víctimas de migración forzada, no criminales”.

Declaró que su desplazamiento es consecuencia directa de la guerra híbrida, el bloqueo económico criminal contra el pueblo venezolano y la propaganda engañosa de una campaña diseñada para inducir la emigración.

El ISB reafirmó que “son víctimas de una maquinaria de despojo que hoy busca estigmatizarles, expropiar sus bienes y perseguirles, incluso en escuelas, hospitales y espacios públicos, con la complicidad de sectores extremistas y apátridas de la oposición venezolana”.

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