En un acto público, la mandataria dijo que confía en mañana imperará en el congreso “la prudencia y no el cálculo político”, en el debate de las mociones, en el cual, si alguna logra mayoría simple de 66 votos, obligará a renunciar a Santiváñez.

“No hay que caer en el juego de fuerzas oscuras que quieren ver caer no solo a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro gobierno”, expresó.

Coincidiendo con planteamientos que desde la derecha extrema hablan de que la oposición pretende repetir lo sucedido en 2018, cuando una gran movilización obligó a dimitir all efímero gobernante Manuel Merino, nominado por el Legislativo.

Se refirió además a una marcha, convocada para mañana y a la que se han sumado músicos y otros artistas, contra la extorsión y el sicariato que han puesto en crisis de inseguridad al país y que el domingo último dieron muerte al popular cantante Paul Flores, lo que motiva indignación general.

“Si mañana van a salir a marchar, en un Estado de derecho democrático con una Constitución, es correcto. Pero no vayan a cometer actos vandálicos, que eso sí ya no es un derecho. Eso es un crimen”, afirmó.

Sostuvo que se deben evitar protestas como las registradas desde diciembre de 2022, cuando reemplazó al presidente Pedro Castillo, hasta febrero de 2023, cuando lo que llamó fuerzas oscuras intentaron incendiar el país, según dijo.

Aquellas protestas dejaron un saldo de 50 muertos, lo cual motiva un proceso de investigación de la Fiscalía a la mandataria y sus primeros colaboradores.

Boluarte pidió también la unidad en torno a su Gobierno y dijo que la población no escucha a quienes quieren promover al caos porque es conscientes de lo que llamó sus obras; aunque las encuestas indican que su gobierno es desaprobado por más de 90 por ciento.

En la misma jornada, el ministro del Interior se presentó ante el pleno del Congreso y sostuvo que es víctima de sabotaje y de una campaña de desprestigio y acusó a la prensa de generar una narrativa de inseguridad extrema que con datos falsos exacerba la percepción social del problema.

Coincidió con la presidenta Boluarte en el recurrente argumento oficial que acusa al Ministerio Público de liberar a la gran mayoría de delincuentes que captura la Policía. Ambos son investigados por la Fiscalía por diversas causas, al igual que decenas de congresistas.

Santiváñez refirió que en lo que va del año la Policía Nacional puso a disposición de la fiscalía a 91 mil 907 detenidos y 92 por ciento de ellos fueron liberados por la Fiscalía.

Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en un coincidente diálogo con corresponsales extranjeros, comentó que

“Estamos en la era de la desinformación, del ‘miente, miente que algo queda’”.

Espinoza añadió que en ese lapso la Policía entregó a la Fiscalía 32 mil 578 apresados que en gran mayoría fueron sometidosa procesos y emplazó a quienes dice que el Ministerio Público deja libres delincuentes, que mencionen a los fiscales que lo hicieron y hablen de casos concretos y señalen a los fiscales que lo habrían hecho.

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