Durante la víspera, la Comisión Primera de esa instancia legislativa aprobó en primer debate una iniciativa para actualizar las condiciones para el uso de armas de fuego en el país, con 17 votos a favor y seis en contra aportados estos últimos por la bancada del Pacto Histórico.
Los legisladores afines al Gobierno arguyen que la propuesta, introducida por el representante conservador Juan Carlos Wils, erosiona la capacidad de control del Estado sobre el tema y podría generar un aumento descontrolado en la circulación de esos dispositivos letales.
Como parte de las negociaciones de paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se suspendieron en 2016 los permisos de portes de armas a ciudadanos.
Actualmente, el Decreto 1556 de 2024 mantiene la interrupción general de esas licencias, pero, de aprobarse la ley, el Ejecutivo solo podría renovar las limitaciones en casos puntuales como estados de excepción, alteraciones graves del orden público o situaciones establecidas en la Constitución.
De acuerdo con un artículo divulgado por la Fundación Paz y Reconciliación, abrir el debate para flexibilizar el porte de armas en Colombia es una medida populista impulsada desde los sectores más retardatarios de la política colombiana.
Expuso además cómo el avance de la iniciativa se daba mientras se hundía en el Senado la reforma laboral, que hubiera podido aliviar las necesidades de un país en la materia, según planteó el texto, y cuando miles de personas se movilizaban en señal de respaldo.
Ante de convertirse en ley, la flexibilización del porte de armas debe ser aprobada por la Plenaria de la Cámara de Representantes y superar otros dos debates en el Senado.
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