La suspensión del puesto al frente del Ministerio Público solo le corresponde a los magistrados de la Corte Plena, no al jefe de Estado, subraya un comunicado de la Presidencia, luego de declaraciones de Díaz al canal estadounidense CNN, respecto a que el presidente Rodrigo Chaves quiere destituirlo.

“Cabe recordarle -precisa la declaración oficial- un detalle técnico-jurídico que, aunque básico, no deja de ser fundamental: la Constitución Política de Costa Rica no faculta al presidente de la República para destituir al fiscal general”.

El texto de la oficina del mandatario insiste en que “el orden constitucional de nuestro país, el mismo que el fiscal general y la institución que él dirige tienen la tarea de velar y proteger, no contempla en ninguna de sus disposiciones la posibilidad de que el Poder Ejecutivo le releve de su cargo”.

Díaz acusó al poder Ejecutivo el martes, antes de su diálogo con la CNN, de transgredir la separación de poderes, mediante una declaración de respuesta del jurista a acusaciones de una manifestación liderada por Chaves que exigió su renuncia.

El fiscal general, calificado también de “corrupto” por el mandatario en su discurso en la movilización, expresó su desacuerdo de que esta protesta fuera convocada por el gobierno, “en clara transgresión al principio de separación de poderes y de la institucionalidad, añadió el diario Delfino.cr.

Chaves responsabilizó en general en sus acusaciones sobre corrupción al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, instancia esta última a cuyo presidente, Rodrigo Arias, también pidió dimitir, mediante su ya acostumbrada invitación contra el diputado de “váyase a casa”.

La movilización, que sumó a simpatizantes del Gobierno, miembros del gabinete, exministros y representantes del pueblo, significó una acción más de cuestionamiento a los poderes judicial y legislativo, aunque para algunos fue también una forma de estrategia electoral.

Esta última tendencia fue subrayada por medios como el Canal 2 de la Televisión Nacional, para cuyos narradores la protesta significó “una marcha política en favor de partidos que el oficialismo va a defender” en las elecciones de 2026.

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