En la conferencia habitual semanal, el gobernante reafirmó la víspera que luego de que la filial de la trasnacional canadiense First Quantum retirara los arbitrajes a una orden de cierre de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre de 2023, iniciarían esas conversaciones el próximo lunes.

También reiteró que mantiene la orden de poner a funcionar la planta de energía térmica dentro de la mina y exportar el material extraído en el yacimiento de cobre hasta el cese de operaciones.

“De llegar a ser una opinión favorable, ¿con qué criterio puedo decirle al país no va haber mina? ¿Por qué cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?”, dijo el mandatario en relación a las organizaciones ambientales, sindicales y populares que denuncian graves afectaciones ambientales y sociales por parte de Minera Panamá.

Las declaraciones de Mulino en las que califica a los opositores de la minería en Panamá como “cinco gatos” despertaron reacciones en las redes sociales.

El líder de la coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez , criticó la forma peyorativa en las que el mandatario trata a quienes no coinciden y se oponen a reabrir la mina.

Mientras el movimiento Panamá Vale Más sin Minería, compuesto por más de 40 organizaciones, se dirigió a la prensa rechazando de plano la minería metálica en el país y el manejo inadecuado del caso Minera Panamá.

Afirmaron que el Gobierno no está defendiendo los intereses del Estado, al permitir arbitrariedades como la reactivación de una planta termoeléctrica y la exportación del concentrado de cobre.

En noviembre de 2023, el Supremo declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá por violar 25 artículos de la Constitución, tras multitudinarias protestas que paralizaron al país con saldo de tres muertos y más de mil heridos.

Los ambientalistas denunciaron las amenazas que representa ahora esta decisión del Ejecutivo para el Estado de Derecho, el medioambiente y las comunidades afectadas.

Entre los riesgos indicaron el peligro de drenaje ácido y el posible colapso de la instalación de manejo de relaves, lo que podría tener graves consecuencias ambientales.

Asimismo, señalaron la falta de atención hacia las comunidades afectadas, donde persisten problemas de acceso a agua potable, salud, educación y vivienda, mientras que la división social provocada por la minería sigue profundizándose.

Sobre la exportación del concentrado de cobre almacenado, advirtieron que esta no puede realizarse arbitrariamente sin estudios técnicos ni respaldo legal claro.

El movimiento rechazó la idea de que el cierre minero sea responsable de los problemas económicos del país, señalando que estos responden a la falta de disciplina fiscal y la alta evasión tributaria.

Además, criticaron que el Gobierno no haya desarrollado una estrategia económica alternativa para las comunidades que dependían de la minería.

De otra parte, anunciaron el inicio de una jornada de acciones nacionales en defensa de un Panamá libre de minería metálica.

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