La entidad divulgó anoche un comunicado en el cual recordó el primer aniversario “de haber sido desmontada la operación mercenaria Gran Alianza Territorial, orquestada por la organización criminal Vente Venezuela”,

Indicó que esta tenía por finalidad producir acciones de calle para “subvertir el orden establecido, coordinando y financiando el ingreso por Cúcuta de un grupo de terroristas para atentar contra el Presidente de la República y altas autoridades de la nación”.

El texto precisó que gracias a las labores de investigación para desmantelar la operación criminal, se determinó la responsabilidad logística y operacional de Alviárez y Hernández, en el suministro de recursos a los terroristas “para intentar ataques simultáneos a instalaciones militares y acciones callejeras”.

Todo ello con la intención de generar desestabilización en el país y así “lograr la habilitación de su jefa, María Corina Machado”.

La nota firmada por el Fiscal General explicó que contra estas personas se recabaron “contundentes evidencias que acreditan su responsabilidad”, incluyendo delaciones de sus cómplices que narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que pretendían desarrollar las fases de esa fallida operación criminal.

Subrayó que ambos se encuentran detenidos y en fase de juicio por los delitos de conspiración, legitimación de capitales y asociación.

El comunicado señaló que por estar involucrados en esta trama fue librada orden de aprehensión contra Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos y Jesús González. Afirmó que estos, al percatarse de la detención de sus cómplices Alviárez y Hernández, huyeron a la embajada de Argentina, “sede diplomática de un país enemigo de la democracia y violador de los derechos humanos, que participa activamente en la campaña de desestabilización de las instituciones venezolanas”.

El Ministerio Público venezolano reiteró su compromiso con la justicia en estos casos en los que los autores de atroces hechos pretendan huir cobardemente para no ser procesados por su responsabilidad en acciones criminales.

«Todo en aras del fiel cumplimiento de nuestro deber de ser garantes de la seguridad e independencia nacional y de hacer prevalecer la paz de la familia venezolana», remarcó.

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