Los activistas precisaron que la primera vigilia se llevará a cabo mañana domingo en esta capital, como parte de las acciones por el Día Mundial del Agua.
Para la directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian Guevara, preocupa los posibles diálogos anunciados por el Ejecutivo y Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, luego que esta suspendiera unos siete arbitrajes internacionales, con el objetivo de reabrir la mina cerrada hace casi dos años.
Esos grupos ya lideraron en octubre y noviembre de 2023 las mayores protestas en décadas en el istmo que obligaron a la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a declarar inconstitucional el contrato de concesión suscrito entre el Estado y la compañía, al violar 25 artículos de la carta magna, obligando al cierre total de operaciones de la mina.
Guevara remarcó que “el pueblo panameño va a ir a las calles, incluso aunque nosotros no fuéramos. Creo que hay bastante indignación en la gente de que de nuevo toda esta lucha que ha dejado muertos redunde en una nueva transgresión de la ley de la justicia y de los derechos humanos”.
También el movimiento ambiental mantendrá encuentros con comunidades rurales e indígenas, así como hará entrega de material didáctico y organizarán manifestaciones diversas en todo el país, trascendió.
First Quantum indicó en un comunicado la víspera que trabajará en la suspensión de los arbitrajes interpuestos contra Panamá- unos 20 mil millones de dólares- para abrir un diálogo con el Gobierno panameño sobre el futuro de la inhabilitada mina, después de que el Ejecutivo señalara horas antes que solo entablará una “conversación formal” con la minera cuando esta suspenda esos procesos.
Antes en conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, precisó que el próximo lunes sostendría la primera reunión de su equipo para abordar este asunto y “ver algunas ideas que hemos venido discutiendo en el tiempo con relación al tema mina (…) Definitivamente tendrá que haber una conversación con First Quantum”, sentenció.
También subrayó que mantiene la orden de poner a funcionar la planta de energía térmica dentro de la mina con una capacidad de 300 megavatios y exportar el material extraído en el yacimiento- unas 130 mil toneladas de cobre- hasta el cese de operaciones.
“De llegar a ser una opinión favorable, ¿con qué criterio puedo decirle al país no va haber mina? ¿Porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?”, dijo el mandatario en relación a las organizaciones ambientales, sindicales y populares que denuncian graves afectaciones ambientales y sociales por parte de Minera Panamá.
Las declaraciones del mandatario en las que calificó a los opositores de la minería metálica a cielo abierto como “cinco gatos” despertaron reacciones en las redes sociales.
Al respecto, el movimiento «Panamá Vale Más sin Minería, compuesto por más de 40 organizaciones, se dirigió a la prensa rechazando de plano la minería metálica en el país y el manejo inadecuado del caso.
Afirmaron que el Gobierno no está defendiendo los intereses del Estado, al permitir arbitrariedades como la reactivación de una planta termoeléctrica y la exportación del concentrado de cobre, y enviar un mensaje falaz de dependencia económica en ese enclave.
Sin embargo, Mulino insiste en que el cese de la actividad de esa mina, que representaba cerca del cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, se está sintiendo en desempleo, en falta de ingresos al Estado -suponía 780 millones de dólares en impuestos directos- y el quiebre de proveedores y muchas empresas contratistas.
Los ambientalistas por su parte, rechazan el argumento económico para reabrir Minera Panamá y señalan que el pasado año el país creció sin ese rubro, al tiempo que reafirmaron que el único diálogo al que estarían dispuestos sostener sería el de cierre total de la mina.
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