El ministro de Gobernación del país, Francisco Jiménez, explicó el lunes pasado que en 45 días (para mayo) entrarían en vigor reglamentos a la Ley de Tránsito con cuatro cambios fundamentales para la seguridad vial.

El primero, detalló el titular de la cartera del Interior, el seguro obligatorio para todos los vehículos de responsabilidad civil para daños a terceros, que responda de inmediato en caso de un accidente.

En segundo lugar, agregó el funcionario, regulación estricta del transporte de pasajeros y de carga, buses y transporte pesado deberán cumplir –dijo- con estándares de seguridad más rigurosos para reducir el riesgo en carreteras.

Tercero, refirió, se aumentarán las multas y sanciones para conductores que manejen sin licencia, en estado de ebriedad o con exceso de velocidad, además del fortalecimiento de la fiscalización vial.

Se trata de corregir una deuda histórica con la sociedad, “durante décadas hemos visto como la tragedia en nuestras carreteras se repite una y otra vez”, expresó Jiménez.

En consecuencia, martes y miércoles cientos de personas cerraron el paso por avenidas principales y otros tramos (hasta cerca de 40) contra la reglamentación de la Ley, suscrita en 1996, pero cuyas últimas siete administraciones nunca hicieron por implementarla.

Autoridades del Ejecutivo recalcaron que la decisión de establecer el requisito del seguro también obedecía a una orden de la Corte Constitucional y, no obstante, ante la crisis se vieron obligados a dialogar con parte de los manifestantes.

Después de que las protestas se tornaran violentas (la Policía Nacional Civil en un caso empleó gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de la urbe), el presidente Bernardo Arévalo informó los resultados de las pláticas.

Entre ellos, mencionó la conformación de una mesa técnica de trabajo en la que se discutirá la normativa para operativizar el artículo 29 de la Ley de tránsito en un plazo de un año.

El mandatario aseveró asimismo que no tendrán consideración “con los criminales que han aprovechado la legítima preocupación de los guatemaltecos para atentar contra el orden público generando caos y afectando a miles de familias”.

Jiménez reveló que, según datos de inteligencia policial recabados, a las protestas llegaron pandilleros y miembros de grupos criminales.

Analistas políticos enfatizaron luego que la decisión del seguro obligatorio para todo tipo de vehículos fue acertada, aunque mal implementada y señalaron que el fracaso se debió a la falta de una campaña de información previa.

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