Convocado el 17 del mes en curso por el Gobierno, al foro asistieron 24 horas después representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como de organizaciones políticas, precandidatos presidenciales y un ex mandatario de Bolivia, según la Declaración Por la Estabilidad y la Democracia en Bolivia Rumbo a las Elecciones de agosto de 2025.

De acuerdo con el texto leído por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tuvo lugar un “amplio diálogo, debate, intercambio de opiniones, posiciones y realización de propuestas (…)”, al final del cual las partes coincidieron en que “el diálogo y la democracia es el mejor camino para la convivencia pacífica de los pueblos (…)”.

Los reunidos en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental) durante casi seis horas, se comprometieron con la “Patria, con nuestra democracia, con la realización de elecciones generales en agosto de 2025, y con el cumplimiento del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratificando además los compromisos asumidos en el encuentro por la democracia convocado por el TSE”.

“Coincidimos que las prórrogas de mandato de las autoridades electas dañan la democracia -expresa el escrito-, y de la misma manera los acortamientos de mandato y la no conclusión de periodos de gobiernos constitucionales emanados de la voluntad popular expresada en las urnas”.

Los presentes rechazaron todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del Gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025.

Asimismo, comprometieron sus esfuerzos para asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, el cronograma electoral no sea interrumpido y por lo tanto las formas de conservación de la democracia no sean destruidas en detrimento del pueblo boliviano.

En la reunión se asumió el compromiso de apoyar al TSE en las tareas vinculadas al proceso electoral, con miras a garantizar los comicios generales de agosto de 2025 y su transparencia.

Ratificaron, igualmente, la necesidad de buscar consensos que garanticen tener estabilidad política, económica y social para enfrentar el proceso electoral que renovará el sistema político en el país.

Se indica en este punto también que cualquiera “sea el siguiente gobierno que se instale producto del triunfo en las urnas, debe empezar un nuevo periodo constitucional en un contexto de paz social”.

Las partes coincidieron en que “(…) el Gobierno nacional debe concentrar sus esfuerzos en la gestión y tomar las medidas necesarias en función de los intereses del pueblo boliviano”.

Recogió el documento como una exigencia al Órgano Legislativo la inmediata aprobación del paquete de proyectos de leyes acordados en el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, realizado en el TSE el 17 de febrero último y remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Exhortamos la aprobación inmediata de los créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes en la ALP, que contribuirán a enfrentar desastres naturales, el voto en el exterior y contar con divisas para el abastecimiento normal de combustible”, agrega el escrito.

Las partes reafirmaron el compromiso de contribuir a la transformación de la justicia para que recupere su credibilidad, generando seguridad jurídica, y ratificaron que la independencia del Órgano Judicial está sujeta a lo previsto en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado.

“Los representantes de organizaciones políticas manifestamos que todos los espacios de diálogo son importantes y necesarios -enfatizó el escrito-, y que asistir a estos no implica declinar nuestras causas y posiciones, la búsqueda de consensos no significa perder nuestras identidades políticas, sino reafirmar nuestra vocación democrática”.

La Declaración concluye con la expresión: “¡Primero Bolivia!”.

jpm