El presidente de la nación centroamericana, Rodrigo Chaves, carece de poderes constitucionales para sacar al líder del Ministerio Público de su cargo, le comunicó a Díaz la Casa Presidencial mediante un comunicado.

La suspensión del Fiscal General solo les corresponde a los magistrados de la Corte Plena, no al jefe de Estado, subraya el texto, luego de declaraciones de Díaz al canal estadounidense CNN, respecto a que Chaves quiere destituirlo.

“Cabe recordarle un detalle técnico-jurídico que, aunque básico, no deja de ser fundamental: la Constitución Política de Costa Rica no faculta al presidente de la República para destituir al fiscal general”, precisa el comunicado.

El texto de la oficina del primer mandatario insiste en que “el orden constitucional de nuestro país, el mismo que el fiscal general y la institución que él dirige tienen la tarea de velar y proteger, no contempla en ninguna de sus disposiciones la posibilidad de que el Poder Ejecutivo le releve de su cargo”.

Díaz acusó el martes al poder Ejecutivo de transgredir la separación de poderes, al responder el jurista a acusaciones de una manifestación liderada por Chaves que exigió su renuncia.

El fiscal general lamentó, además, que el Poder Ejecutivo ataque los esfuerzos del Poder Judicial para “enfrentar la delincuencia y la corrupción”, y cuestionó que, sin embargo, desde el gobierno no se implementen acciones contundentes para enfrentar esos problemas.

Chaves, por su parte, responsabilizó en general en sus acusaciones sobre corrupción al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, instancia esta última a cuyo presidente, Rodrigo Arias, también pidió dimitir, mediante su ya acostumbrada invitación contra el diputado de “váyase a casa”.

La movilización, que sumó a simpatizantes del Gobierno, miembros del gabinete, exministros y representantes del pueblo, significó una acción más de cuestionamiento a los poderes judicial y legislativo, aunque para algunos fue también una forma de estrategia electoral.

Esta última tendencia fue subrayada por medios como el Canal 2 de la Televisión Nacional, para cuyos narradores la protesta significó “una marcha política en favor de partidos que el oficialismo va a defender” en las elecciones de 2026.

Distintas fuentes subrayaron en los últimos meses la posibilidad de que el presidente Chaves, imposibilitado constitucionalmente de ser reelecto, apueste por apuntalar a figuras allegadas de su ejecutivo que renunciaron días atrás para aspirar a candidaturas en los comicios.

Esos medios ubican entre los presuntos “elegidos” del jefe de Estado, a fin de apoyarlos de cara a la cita popular del 1 de febrero, a personalidades como la exministra de la Presidencia Laura Fernández, y el extitular de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla.

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