Agregaron que cientos de cadáveres aún permanecen retenidos en los morgues de los hospitales, sin ser entregados a las familias.

Las violaciones en la costa no se limitaron al saqueo, el desplazamiento y la comisión de masacres contra miembros de la comunidad alauita, sino que se extendieron a prácticas más brutales, representadas por la retención de los cuerpos sin vida, indicaron las fuentes.

Agregaron que en muchos casos, los cadáveres son recogidos en fosas comunes para ser enterrados o incluso quemados, sin saber el verdadero objetivo detrás de esto, y si se pretende borrar la identidad de las víctimas o sus huellas por completo.

El Observatorio pidió la formación de comités internacionales independientes de investigación, especializados en documentación e investigación para garantizar la detección de estas violaciones y trabajar para detenerlas, además de brindar protección a los civiles y evitar la continuación de estos crímenes.

La referida entidad documentó hasta el momento más de mil 600 civiles fallecidos como consecuencia de las operaciones de liquidación entre los días 6 y 20 de marzo, además de la presencia de un gran número de desaparecidos cuyo destino se desconoce.

El número de masacres documentadas fueron 62 en la costa siria y zonas montañosas, y la provincia de Latakia ocupó el primer lugar con 836 víctimas, seguida por Tartous con 503, mientras se documentaron casi 300 víctimas en las provincias de Hama y Homs.

La violencia estalló el pasado día 6 después que exmilitares atacaron a una patrulla de las fuerzas de seguridad en la localidad de Jableh, en Latakia, lo que llevó a miles de integrantes de facciones islamistas, algunos yihadistas de nacionalidades extranjeras, a entrar a las localidades alauitas, donde cometieron asesinatos masivos a sangre fría.

La Presidencia siria creó una comisión nacional independiente para investigar las violaciones cometidas y esclarecer las causas y las circunstancias, además de identificar a los responsables para procesarlos.

Asimismo, fue emitida otra resolución presidencial que estipula la formación de un Comité Superior de la Paz Civil.

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