Varias organizaciones anunciaron que el lunes presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley general de minería metálica aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2024 y que mantiene un acentuado debate por sus efectos dañinos para la vida.
Esa acción es parte de las actividades en conmemoración del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, asesinad el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la capilla del hospitalito Divina Providencia de San Salvador.
Esta semana la Conferencia Episcopal presentó en la Asamblea Legislativa 150 mil firmas que apoyan la derogación de la ley minera.
También ocupó titulares la llegada de 238 inmigrantes deportados desde Estados Unidos y recluidos en un centro penitenciario de alta seguridad que provocó debates sobre si tendrá riesgos de seguridad para el país.
Organizaciones opositoras y en el exterior rechazan el traslado de venezolanos a El Salvador por «graves problemas legales y éticos», a la vez que consideran circunstancias legales ambiguas las detenciones de presuntos miembros del Tren de Aragua.
Abogados como Enrique Anaya y diputados opositores de la Asamblea Legislativa aseguran que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos, porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos del Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el órgano legislativo.
A inicio de semana fue noticia el anuncio de juicio para el 23 de abril emitido por una jueza a cargo de procesar un grupo de militares acusados de asesinar a cuatro periodistas de Países Bajos durante el conflicto armado de finales del siglo XX.
El proceso contra el exministro de Defensa Guillermo García, el coronel Francisco Morán, exdirector de la policía de Hacienda y el coronel Mario Reyes Mena, el jefe de la IV Brigada de Infantería, con sede en el paraíso Chalatenango, principales implicados en el caso, marca un precedente que tocará otros procesos.
Según Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos, el comienzo de la vista marcará un “precedente muy importante” porque es un “juicio histórico” ya que por primera se van a juzgar a altos mandos militares que estuvieron implicados en crímenes de lesa humanidad.
“Es histórico, subrayó, porque este caso nosotros consideramos que va a empujar a los demás procesos que también están demandando verdad y justicia en El Salvador”.
arc/lb
