Durante las manifestaciones, la víspera, el secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente ( Conusi), Marco Andrade denunció atropellos de unidades antimotines contra participantes en una huelga de advertencia de 24 horas.

Según trascendió en los enfrentamientos en la caribeña provincia de Colón arrestaron

al constructor Matías de León y al docente Alberto Díaz; y una profesora tuvo que ser remitida a un centro de salud por heridas en su rostro.

Por su parte, el docente Felipe Cabeza, dirigente de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores, precisó a la prensa que sus compañeros habían sido “golpeados, maltratados y ultrajados.

“Nosotros no hemos visto que a ninguno que se ha robado la plata del Seguro Social lo han tratado así como lo hicieron con un educador”, remarcó.

Al respecto, Andrade señaló que las actuales y futuras acciones acordadas por los colectivos continuarán hasta que se derogue la norma impulsada por el Gobierno, altamente perjudicial para los trabajadores y sus familias.

Insistió en que el Ejecutivo no tuvo en cuenta las propuestas de reformas a la CSS presentadas por el movimiento popular e impuso una Ley que reduce las pensiones de los jubilados y aumenta la edad de retiro.

También cuestionó el modelo de cuentas individuales, contrario al solidario, que además es obsoleto y de bajo rendimiento, además de que fracasó en unos 30 países, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, el secretario general del sindicato de los obreros de la industria de la construcción, Saúl Méndez, adelantó que evaluarán otras medidas de presión entre las cuales no se descarta una huelga indefinida hasta derrotar en las calles la nefasta Ley 462 y en rechazo al proyecto de reabrir la mina de cobre de Donoso, otro proyecto que el Ejecutivo intenta imponerle al pueblo.

En la semana se presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la recién sancionada Ley 462.

El recurso, interpuesto por el abogado Martín Molina , busca que se declare inconstitucional el numeral 11 del artículo 48 de esa norma , en el que se establece el descuento del 6.75 por ciento a las pensiones de los jubilados.

Esa demanda, que quedó en manos de la magistrada María Eugenia López , plantea que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohíbe el descuento a las pensiones de los jubilados y que Panamá es signataria de las normas expedidas por dicha organización.

Mientras en la habitual conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino dijo que los cambios a la Ley 462 no tendrían vuelta atrás y sobre los paros aseveró que “quien no trabaja, no cobra”.

Desde inicios de esta semana, las llamadas unidades de control de multitudes fueron desplegadas por diferentes territorios, como las provincias de Panamá, Panamá Este, Colón, Chiriquí y Veraguas, entre otras, con el fin de impedir los bloqueos de carreteras u otras manifestaciones en rechazo a la nueva ley de la seguridad social.

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