De acuerdo con el comunicado del colectivo, el próximo jueves realizarán una marcha desde el emblemático parque Belisario Porras hacia la Asamblea Nacional (parlamento ) para rechazar la norma que establece lo que llaman el robo del siglo, pues establece la entrega de recursos de la CSS a los bancos y administradoras privadas de pensiones.

En diálogo con la prensa, Yamir Córdoba, del sindicato de los obreros de la construcción, indicó que el próximo sábado los dirigentes de las diferentes organizaciones se reunirán para decidir nuevas medidas de presión, entre las cuales no se descarta una huelga nacional indefinida.

Los manifestantes también repudiarán la intención del Gobierno de reabrir la mina de cobre de Donoso(Colón), a pesar de una fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre de operaciones tras intensas populares en noviembre de 2023, agregó.

El alto costo de la vida y la oposición de comunidades campesinas a la construcción de un embalse como reservorio de agua para el Canal de Panamá en rio Indio, serán otros de los reclamos de las protestas, subrayó.

El pasado viernes, el secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, denunció atropellos de unidades antimotines contra participantes en una huelga de advertencia de 24 horas.

Andrade indicó que en los enfrentamientos arrestaron al docente Alberto Díaz y al dirigente sindical Matías de León y una profesora tuvo que ser remitida a un centro de salud por heridas en su rostro. Un agente del orden es objeto de investigación por usar su arma de fuego en medio de las protestas, señaló.

Además insistió en que el Ejecutivo no tuvo en cuenta las propuestas de reformas a la CSS presentadas por el movimiento popular e impuso una Ley que reduce las pensiones de los jubilados y aumenta la edad de retiro.

También cuestionó el modelo de cuentas individuales, contrario al solidario, que además es obsoleto y de bajo rendimiento, además de que fracasó en unos 30 países, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, en Colón, el docente Felipe Cabeza, dirigente de la asociación Movimiento Gremialista de Educadores, precisó a la prensa que sus compañeros habían sido “golpeados, maltratados y ultrajados.

A través de abogados, además la alianza presentó ante la CSJ una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la recién sancionada Ley 462.

El recurso, interpuesto por el abogado Martín Molina busca que se declare inconstitucional el numeral 11 del artículo 48 de esa norma, en el que se establece el descuento de 6.75 por ciento a las pensiones de los jubilados.

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