El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados afirmó en un comunicado que destruir centros médicos o atacar al personal sanitario constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, punibles por el derecho internacional.

Se trata de un intento sistemático de profundizar el genocidio y el desplazamiento de nuestro pueblo, subrayó.

El texto estimó que esa estrategia “se enmarca en la política de la ocupación (Israel) de utilizar el hambre, la sed, la privación de atención médica y de los derechos humanos fundamentales como armas de guerra”.

El silencio y la inacción de la comunidad internacional se convirtieron en una tapadera para la continuación de la guerra impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, estimó.

Horas antes, el Ministerio de Salud del enclave también denunció la voladura del centro médico y afirmó que esa acción confirma la política de genocidio que impulsa Netanyahu.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) calificó la demolición del complejo como un “acto sádico que refleja su barbarie y su persistencia en cometer actos de genocidio contra el pueblo palestino”.

La milicia palestina señaló que esos ataques cuentan con el respaldo de Estados Unidos y criticó el desprecio de Washington a las normas internacionales.

Ante esa situación, Hamas instó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional a emprender acciones legales contra Israel y sus dirigentes.

El Ejército israelí dinamitó el viernes el hospital al acusar al grupo armado de utilizarlo supuestamente como cuartel general.

Videos divulgados en las redes sociales mostraron imágenes de numerosas explosiones del recinto durante una aparente detonación controlada, que fue completamente demolido como resultado.

La instalación fue ocupada durante meses por las tropas israelíes y estaba ubicada en el llamado corredor de Netzarim, que corta en dos a la Franja de Gaza.

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