De acuerdo con la entidad, la medida se toma debido a la crítica situación de seguridad que enfrentan los excombatientes y con el objetivo de coordinar acciones urgentes y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de estos.

Especificó en su comunicación el órgano de justicia transicional que en el transcurso de este año 15 firmantes fueron asesinados, lo que equivale a la mitad del total registrado durante 2024.

“Desde la firma del Acuerdo Final de Paz se contabilizan 456 homicidios. A esta alarmante cifra se suman los desplazamientos colectivos e individuales que siguen afectando a esta población, evidenciando un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a su protección”, detalló la fuente.

A esta audiencia, comunicó, fueron citados la fiscal general de la nación, los ministros de Defensa y del Interior, el alto comisionado para la Paz, y los directores de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, de la Unidad Nacional de Protección, de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y el de la Agencia Nacional de Tierras.

También participarán en la audiencia del 10 de abril excombatientes ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Montañita (Caquetá), Pondores (La Guajira) y Caño Indio (Catatumbo), junto con un delegado del Partido Comunes, representantes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y del Consejo Nacional de Reincorporación.

Durante la audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP oirá a los actores institucionales para tomar medidas que permitan avanzar en las garantías de seguridad de quienes dejaron las armas, cumplen con su reincorporación y contribuyen a los fines del Sistema Integral para la Paz, abundó el comunicado.

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