Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal de revocar el arresto domiciliario el pasado 3 de marzo para Vásquez y otros dos exjerarcas militares, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, un juez de primera instancia emitió el pasado lunes las respectivas órdenes de captura en su contra.
Todos son señalados como presuntos responsables del homicidio del joven Isy Obed, en el marco de la asonada militar.
Obed falleció el 5 de julio de 2009, luego de recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación mientras Zelaya intentaba regresar al país por vía aérea, lo que impidieron las Fuerzas Armadas (FFAA) cruzando camiones en la pista del aeropuerto internacional de Toncontín, de Tegucigalpa.
Cervantes y Puerto regresaron a prisión esta semana tras presentarse de manera voluntaria ante la justicia, pero el otrora jefe del Estado Mayor Conjunto sigue prófugo.
Ante esa situación, la Policía Nacional de la nación centroamericana emitió una alerta a la Interpol (Policía Internacional), en la que Vásquez figura en una lista de las 10 personas más buscadas de Honduras, y por el cual pide una recompensa de 500 mil lempiras (más de 19 mil dólares).
El director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, dijo anoche que el general en condición de retiro no ha salido del país por ninguna delegación terrestre, marítima o aérea.
En su cuenta en la red social X, Paz afirmó que el golpista tiene una alerta migratoria activa y de presentarse en un puerto migratorio, su captura será inmediata en coordinación con el instituto armado.
Medios periodísticos difundieron este domingo unas declaraciones del exjefe de las FFAA desde la clandestinidad, en las que denunció ser víctima de una persecución política y aseguró que su vida corre peligro.
Los tres militares fueron capturados el pasado 5 de enero, acusados de asesinato en perjuicio de Obed y asesinato en su grado de ejecución de tentativa de Alex Zavala, durante la participación de ambos jóvenes en una manifestación pacífica contra el golpe.
Las investigaciones determinaron que las acciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, pues dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.
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