El desabastecimiento de los fármacos en distintas regiones llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a realizar una inspección a Audifarma, una droguería y gestora farmacéutica, en la cual encontró que, de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los pacientes, ocho contaban con existencias suficientes en la bodega.

Según trascendió, esa entidad halló 113 mil dosis de insulina, uno de los productos que está en la lista de pendientes de los usuarios que acuden a los distintos puntos de dispensación del mentado gestor farmacéutico.

En un comunicado divulgado posterior a la auditoría, la Superintendencia explicó que “no existe justificación alguna, ni de tipo administrativo, ni por ninguna otra razón, para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega, y sí estén registrados como pendientes en las órdenes de los pacientes”.

Asimismo, ante la matriz de opinión divulgada por empresas privadas del sector de que los déficits se deben a las deudas del Estado con las compañías, el Ministerio de Salud consideró que la situación obedece a otros factores.

El primero de estos, según manifestó, se debe al control del mercado por cinco gestores farmacéuticos que manejan el 80 por ciento del abastecimiento de medicinas en el país: Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam.

Alegó asimismo que existen precios inflados en la compra de estos insumos y que se han hallado contratos donde los gestores venden los medicamentos a las Empresas Promotoras de Salud con sobrecostos a los que calificó de alarmantes.

“Por mencionar un ejemplo, en el caso del factor de crecimiento, usado en pacientes con enfermedades graves, su precio real es de un millón 500 mil pesos (unos 360 dólares al cambio actual), pero se factura a cuatro millones 300 mil pesos (poco más de mil dólares), es decir un 183 por ciento más”, acotó la cartera ministerial.

Otro de los factores que agrava la problemática, de acuerdo con el Ministerio, radica en que, pese a recibir los recursos del Estado, algunos gestores farmacéuticos no han pagado a los laboratorios, lo que reduce la producción y afecta la entrega de medicamentos.

La cartera precisó además que, en los últimos cinco meses, el Gobierno ha girado más de 1,6 billones de pesos (unos 385 millones de dólares) a las principales empresas encargadas de distribuir los medicamentos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma.

El presidente Gustavo Petro aseguró por su parte que en el país no hay escasez de medicamentos, y en cambio denunció la existencia de lo que denominó como “un plan pérfido y asesino para acaparar medicamentos”.

Aseguró que el hallazgo de 113 mil unidades de insulina en las bodegas de un gestor farmacéutico revela “la vieja táctica empresarial para dar golpes de estado, como el de Pinochet”, en referencia a la ruptura en 1973 del orden democrático de Chile protagonizada por Augusto Pinochet (1915-2006) contra Salvador Allende (1908-1973).

De acuerdo con el mandatario, la acumulación de medicinas responde a intereses mercantiles y al objetivo de culpar a las leyes promovidas por el Gobierno en el sector, como la reforma a la salud que debe ser discutida por la Comisión Séptima del Senado.

“Lo hacen para que no disminuyan los negocios en la salud y entonces así no dejan que haya más salud para el pueblo. No están por la salud de la gente, sino por ganarse un billete largo del dinero del pueblo”, aseguró.

Estimó además que el acaparamiento busca impedir el avance de la reforma a la salud y presionar a la corte constitucional para que se eleven las Unidades de Pago por Capitación (UPC).

“Pero la UPC no es insuficiente, simplemente se la roban”, planteó Petro, en referencia al valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud.

Calificó entonces como asesinos a los que acaparan la insulina.

“Debe proceder la acción penal, por favor, que los fiscales actúen con sentido de justicia. Estoy hablando es de asesinos en el sistema de salud que deben ser juzgados”, sentenció.

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