De acuerdo con estadísticas oficiales, en febrero último el Gobierno recibió mil 23 millones de dólares en financiamiento, lo que contribuyó a que en comparación con el segundo mes del pasado año, la deuda se incrementara en cuatro mil 871 millones de dólares.
De lo ingresado en las cuentas estatales, 300 millones de dólares fueron desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema de Protección Social de Panamá. En febrero, el BID también desembolsó a Panamá 10.3 millones de dólares para apoyar iniciativas como la transformación digital del Órgano Judicial, el Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística y la modernización digital de la Administración Tributaria.
Además de los fondos del BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) entregó 400 mil dólares para el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, precisó un estudio del diario La Prensa.
En cuanto a la deuda interna, en febrero se hizo efectivo el desembolso de 500 millones de dólares de la línea de crédito adquirida con el Banco Nacional de Panamá, así como 387.4 millones procedentes de la emisión de letras y notas del Tesoro, agrega el rotativo.
En el Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029, publicado en la Gaceta Oficial en diciembre pasado, el Ejecutivo proyecta que este año la deuda alcanzará los 57 mil 441 millones de dólares-el 62 por ciento del Producto Interno Bruto(PIB)- cifra que continuará incrementándose hasta llegar a los 65 mil 975 millones de dólares para finales de la década.
Sin embargo, para 2029, la actual administración de José Raúl Mulino ha subrayado en reiteradas ocasiones que espera que la relación deuda/PIB disminuya al 56 por ciento, gracias a mayores ingresos tributarios y un control más riguroso del gasto.
Sobre este panorama, experto como el abogado Carlos Basallo, estiman que es indispensable focalizar los gastos y priorizar realmente el uso de los fondos públicos.
De su parte, el jefe de Estado aseguró la semana pasada ante la prensa que su administración no contempla ningún ajuste fiscal ni modificación de impuestos, a pesar de las advertencias de las calificadoras de riesgo, que consideran poco probable que en 2025 los ingresos corrientes y otros tributos registren el aumento esperado.
En marzo de 2024, Fitch Ratings retiró a Panamá el grado de inversión. Por su parte, a finales de ese mismo año, Moody’s mantuvo la calificación de grado de inversión en Baa3, pero ajustó la perspectiva de estable a negativa, señalando un deterioro fiscal mayor al esperado y dificultades para lograr una rápida consolidación fiscal.
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