La organización feminista sostuvo que una consulta a la sociedad civil evitaría que las decisiones sobre derechos fundamentales de las mujeres «sean impuestas por los partidos políticos que controlan los poderes públicos».

Cudem pidió en concreto que en el nuevo Código Penal se incluyan las tres causas que permitirían el aborto sin consecuencias legales y que no están contempladas en ninguno de las propuestas estudiadas en el Congreso.

Estas son cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo fuese el resultado de una violación o incesto, o se determine que el feto contiene una malformación incompatible con la vida.

Precisó que el artículo 42 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie puede ser sometido a procedimientos médicos en contra de su voluntad, salvo que esté en peligro su vida.

Durante el primer mandato de Luis Abinader (2020-2024) el Código Penal se mantuvo en el centro del debate legislativo.

Ambas Cámaras del Congreso lo certificaron en más de una ocasión, lo que creó expectativas sobre su promulgación, pero la ley jamás llegó al Poder Ejecutivo que, representado por el presidente, tiene la decisión final.

Más de 10 mil mujeres sufren un aborto en República Dominicana cada año desde 2019, ya sea por causas naturales o por complicaciones de salud, mientras en el país el debate sobre la despenalización de esa práctica divide a los representantes de sectores sociales.

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