Frente a miles de personas congregadas frente a la Casa Rosada, organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron un acto conjunto por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y condenaron una vez más los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen instaurado desde 1976 hasta 1983.

Durante ese período fueron detenidos, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos más de 30 mil ciudadanos, en tanto cientos de pequeños nacieron en cautiverio, fueron separados de sus padres y apropiados de manera ilegal.

Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo, afirmó De Carlotto.

La destacada activista subió al escenario junto a figuras como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y las integrantes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida y Elia Espen.

No solo sufren los nietos que todavía no fueron restituidos, sino también sus hijos, perpetuándose la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad, añadió.

Asimismo, pidió a quienes tengan algún tipo de información comunicarse con Abuelas.

A las personas con dudas sobre su identidad, les pedimos que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos. Necesitamos a todos para encontrarlos. Nunca es tarde, dijo.

En un documento elaborado de manera conjunta, las organizaciones de derechos humanos aseguraron que continuarán levantando las banderas de los 30 mil contra la injusticia y la desigualdad.

Además, denunciaron el negacionismo, los despidos de miles de trabajadores, la privatización de los servicios y bienes comunes, la represión contra manifestantes en defensa de los jubilados, y un modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del pueblo.

También expresaron su solidaridad con el fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad durante la aplicación de un protocolo antiprotestas que consideraron inconstitucional.

El texto reitera el pedido de cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas y la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, exige la derogación de recursos como el decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la Ley Bases que garantizan la delegación de facultades al presidente Javier Milei y una reforma encubierta de la Constitución. Además, se opone a la destrucción de la salud y la educación públicas, al extractivismo y entrega de recursos naturales, a un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y al desmantelamiento de políticas sociales.

Las organizaciones pidieron la libertad de la líder indígena Milagro Sala, el respeto a los derechos de los pueblos originarios, el fin del genocidio contra Palestina, del racismo, la homofobia y xenofobia.

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