Con el mensaje ‘We will not be silenced’ (no nos callarán), actividades del grupo ecologista mostraron así su apoyo a Greenpeace USA y Greenpeace Internacional, condenados el pasado 19 de marzo a pagar una multa de 660 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer.

Un jurado de Dakota del Norte declaró a Greenpeace responsable de difamación por las protestas contra el oleoducto Dakota Access.

La organización reaccionó de forma airada en un comunicado, según el cual el caso ‘sienta un precedente muy peligroso’ en el derecho a la protesta y la libertad de expresión y recalcó que ‘el proceso no termina aquí’.

En este sentido, adelantó que Greenpeace USA apelará el dictamen en Estados Unidos y Greenpeace Internacional, por su lado, ya demandó a Energy Transfer ante los tribunales en los Países Bajos, al amparo de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea’, que destacó emplea por primera vez.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, comentó que “existen motivos de sobra para apelar este veredicto, ya que esta indemnización no está respaldada por los hechos ni por la ley’.

La ley anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) ofrece salvaguarda a activistas, periodistas y organizaciones objeto de demandas manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos planteados por individuos, entre otros perfiles.

‘Las organizaciones, activistas y las personas defensoras del planeta no vamos a desaparecer, el mundo es un poquito mejor gracias a nuestro trabajo. No conseguirán callar a los millones de personas que nos apoyan en nuestro trabajo y en nuestras acciones’, sentenció Saldaña. ‘Para Greenpeace España, la defensa de la libertad de expresión y la protesta pacífica dentro y fuera de nuestras fronteras se convierte en una prioridad hoy más que nunca. (…) batallamos por un mundo más justo, más verde y en paz (…)”, concluyó.

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