La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, sostuvo que también se busca alertar a todo el país de forma rápida y precisa ante denuncias de este tipo y fortalecer las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva.
Precisó que las modificaciones corresponden a las leyes generales de Población y de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Mencionó los principales cambios previstos, entre estos, la creación de la Plataforma Única de Identidad y la incorporación de la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares y capacidad de consultas en tiempo real.
Durante el habitual encuentro de la mandataria Claudia Sheinbaum con periodistas, Godoy se refirió también al establecimiento de obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, actualización y compartición de información.
Asimismo, se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y no Localizadas, y resulta obligatorio actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República, por parte de fiscalías y tribunales de justicia locales.
De acuerdo con la funcionaria, “se obliga a las fiscalías estatales a fortalecer sus capacidades para tareas de búsqueda e investigación” y “se incorpora a privados en la obligación para generar y compartir información útil para búsqueda de personas, respetando la ley de datos personales”.
Las modificaciones contemplan igualmente el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la creación del sistema de alerta, búsqueda y localización de personas.
“Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición, sin dilación alguna. Nada de 72 horas”, advirtió Godoy.
Sheinbaum expresó la semana pasada que “para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional”.
“También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares”, reafirmó.
“Es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado”, aseveró la dignataria, al señalar que cada autoridad (estatal, municipal, federal, fiscalías, poder judicial), debe asumir su responsabilidad.
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