Organizaciones de la sociedad civil marcharán este lunes para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia acompañada de la entrega de más de 150 mil firmas de la población, una iniciativa lanzada por la Iglesia Católica y que recibe un mayoritario apoyo de la población.
La jornada se inició con la divulgación de un estudio del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador sobre el tema de la minería en el espacio Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), el cual ilustró la posición del occidente del país sobre el tema.
Ese muestreo reflejó que seis de cada 10 personas consultadas está de acuerdo con las protestas y las marchas aunque en general sean simpatizantes del gobierno.
Un 43.8 por ciento de los preguntados opinó que antes de tomar acción en diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa debió esperar y someter a debate popular el asunto, mientras el 37.2 dijo que no se debe aprobar la minería.
En respuesta a otra interrogante sobre cómo debía manifestarse el presidente Nayib Bukele, el 41.1 señaló que debía propiciar un diálogo nacional y el 41.2 por ciento aseveró que debía desistir de la propuesta y derogar la ley aprobada por la Asamblea. Solo el 6.3 por ciento apoyo la iniciativa gubernamental de minería.
Otra respuesta de los consultados abordó a quién beneficia la normativa y cuyo resultado mostró que el 42.4 por ciento se inclinó por las empresas, el 37 por ciento por el estado y apenas el 6.2 por ciento por la población.
En resumen en el occidente del país seis de cada 10 se manifestó en desacuerdo y al 11.6 por ciento el tema le resultó indiferente.
La víspera pobladores exigieron en el centro de la capital derogar la ley que reactivó la minería metálica y denunciaron las consecuencias nefasta para la vida de la contaminación que genera.
Durante la protesta frente a la Biblioteca Nacional, estuvieron presentes las principales lemas que acompañan los reclamos de la población, «Sí a la vida, no a la minería», «Sin oro se vive, sin agua se muerte» y «Toda mina contamina».
La presentación este lunes de una demanda de inconstitucionalidad, según los proponentes, se justifica porque la minería va en contra de la vida, del derecho humano a la vida, el derecho humano al agua, el derecho humano a un medioambiente sano y el derecho a la alimentación.
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