El fallo reitera lo actuado por el juez Guillermo Ortega, quien también multó a Abad a pagar 14 mil 100 dólares por el supuesto delito de violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld.

En la sesión de este lunes el juez Joaquín Viteri dijo que declaraciones de la vicemandataria contra Sommerfeld efectivamente socavan la credibilidad, y minimizan la capacidad de la Ministra de Relaciones Exteriores para ejercer ese cargo.

Según el magistrado, aplicar una sanción menor sería insuficiente y minimizaría la infracción electoral grave.

En tanto, los jueces Fernando Muñoz y Richard González no se adhirieron a esa decisión por considerar que las declaraciones de Abad y Sommerfeld no constituyen prueba suficiente de violencia política de género y creer que la sanción es desproporcionada y afecta la libertad de expresión.

Poco antes de conocerse la decisión del TCE, en su cuenta de la red social X, la vicegobernante anticipó la decisión y aclaró que la suspensión de sus derechos políticos no significa su destitución.

“Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional. El TCE no puede cesar a una autoridad electa por voto popular. Esa competencia está reservada a la Asamblea Nacional mediante juicio político”, sostuvo.

En teoría, y de acuerdo con la normativa vigente, Abad debería asumir la presidencia mientras el mandatario, Daniel Noboa, pide licencia para realizar campaña con vistas a su reelección en el balotaje del venidero 13 de abril.

Sin embargo, las actividades proselitistas con vistas a la segunda vuelta de los comicios del próximo 13 de abril comenzaron la víspera y el jefe de Estado participó en el debate presidencial sin ceder el cargo.

La consejera del CNE, Elena Najera, solicitó este lunes al pleno del Consejo Nacional Electoral emitir una resolución sobre la obligación de solicitar la licencia sin sueldo.

Durante la campaña para la primera vuelta, Noboa se ausentó del cargo en ciertos días, en los cuales delegó sus funciones a Cynthia Gellibert, a quien él mismo designó por decreto como vicepresidenta encargada.

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