El pasado viernes, el TCE pospuso la audiencia luego de que el magistrado Richard González pidiera más tiempo para revisar el caso «tomando en cuenta la trascendencia” del mismo.
La sesión debía tratar la suspensión de los derechos políticos de Abad por dos años, medida dictada en primera instancia por el juez Guillermo Ortega tras una denuncia por violencia política de género de la canciller, Gabriela Sommerfeld.
La vicegobernante, que se encuentra en Türkiye enviada por el mandatario Daniel Noboa, calificó el caso como un atropello constitucional y anunció haber denunciado un presunto delito de prevaricato ante la Fiscalía.
En su pronunciamiento a través de su cuenta en la red social X, Abad aseguró que se están extralimitando al sancionarla sin respaldo constitucional.
La denuncia también fue remitida a la Asamblea Nacional (Parlamento), instituciones a la cual la vicepresidenta exige control y fiscalización conforme al Código de la Democracia.
Según Abad, el Gobierno busca «alternativas» para su destitución una vez más, todas “ilegales e ilegítimas”, ahora mediante jueces electorales cuestionados por ser parte de la persecución a políticos opositores.
Advirtió que existe un «golpe a la democracia» luego de que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, señalara en televisión nacional que exploran «varios caminos» para que ella no asuma la presidencia durante la campaña electoral, fase que inició este domingo 23 de marzo sin que el jefe de Estado deje el cargo.
En teoría, y de acuerdo con la normativa vigente, Abad debería asumir la presidencia mientras Noboa pide licencia para realizar campaña con vistas a su reelección en el balotaje del venidero 13 de abril.
El TCE deberá tomar este lunes una decisión sobre el recurso de apelación de la defensa de la vicemandataria contra el fallo del juez Guillermo Ortega, quien aceptó le aplicó a Abad la suspensión por dos años de sus derechos políticos y también una multa de 14 mil 100 dólares.
Según la Ley, las sentencias del pleno del TCE son de última instancia, aunque la Constitución señala que sólo la Asamblea Nacional (Parlamento) puede censurar y destituir al presidente y vicepresidente del país.
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