El magistrado es el relator de la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) que imputa a Bolsonaro y otros siete aliados de una trama golpista después de las elecciones de 2022.
«De ellos partieron las principales decisiones y acciones de impacto social narradas en la denuncia», afirmó De Moraes al leer el informe de la denuncia en la primera sala del STF.
Manifestó que se evidenció que los denunciados integraron la organización criminal, «conscientes de su propósito ilícito, de permanencia comunitaria en el poder y unidad de propósitos, se dividieron en tareas y actuaron de manera relevante para obtener la ruptura violenta, el orden democrático y la deposición del Gobierno legítimamente elegido».
El STF decidirá entre este martes y mañana si acepta convertir en acusados a Bolsonaro y siete aliados, inculpados de tratar de mantenerse en el poder después de la victoria electiva del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre 2022.
Los ocho fueron denunciados por la Fiscalía General de cometer los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado, intento de abolición del estado democrático de derecho, daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio declarado.
El juzgado superior preparó un esquema especial para el juicio, que incluye seguridad reforzada, transmisión de TV Justicia e incluso precauciones contra ataques cibernéticos.
Víspera de la sesión, se hizo ayer un barrido antibombas.
Desde que el Supremo fijó el juicio recibe amenazas, con aumento expresivo de ataques. Algunos por teléfono, otros por correo electrónico.
La idea es restringir también el número de personas en las dependencias de la corte.
En una nota, el Supremo informó que la seguridad fue planeada sobre la base de un análisis de riesgos y el escenario actual.
«La Secretaría de Policía Judicial adoptó medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos durante el evento, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y otros organismos asociados”, refirió.
Señaló que, entre las acciones, están un mayor control de acceso, monitoreo del ambiente, policía reforzada y equipos de respuesta rápida para emergencias.
La finalidad, recalcó, “es asegurar la realización del juicio y garantizar la seguridad de servidores, colaboradores, abogados y prensa».
Si la querella de la Fiscalía General es aceptada por el Supremo, los denunciados se convierten en acusados y pasan a responder penalmente de las acciones en el máximo tribunal.
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