«Siempre esperamos justicia. Yo estoy bien. Son acusaciones sin fundamento realizadas de forma parcial por la Policía Federal», declaró Bolsonaro a la prensa al llegar al aeropuerto de Brasilia para más tarde seguir viaje y entrar a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en la Explanada de los Ministerios.

A través de un mensaje emitido por TV Globo, el exgobernante señaló que el juicio «se trata de la mayor persecución político judicial de la historia de Brasil».

También, agregó, que hay «claros intereses políticos para impedir que participe y gane las elecciones presidenciales de 2026».

En la primera sala del STF comenzó este martes el análisis contra Bolsonaro y otras siete personas por participar en la trama golpista tras las elecciones de 2022.

Tal examen de la denuncia se extenderá hasta mañana, durante tres sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de esa primera clase del Supremo, Cristiano Zanin.

Por el ambicioso propósito de mantenerse en el poder, pero posiblemente perder la libertad, el político ultraderechista fue denunciado el 18 de febrero por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de supuesto complot violento.

En esa fecha, la Fiscalía General acusó al líder de la derecha opositora de capitanear una organización criminal para imposibilitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las justa comiciales en 2022.

Juristas explican que en Brasil la ley castiga el conato golpista, incluso si la confabulación no ha tenido éxito.

Resulta infracción «intentar, con empleo de violencia o grave amenaza, abolir el Estado Democrático de Derecho» e «intentar deponer, por medio de violencia o grave amenaza, al Gobierno legítimamente constituido».

Tal ley fue sancionada por el propio Bolsonaro en septiembre de 2021.

Figuran ahora en el acta de acusación de 272 páginas, que también involucra a otras 33 personas, los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También los crímenes de daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

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