Según la Fiscalía General, los ocho implicados en la presunta trama violenta procuraban impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó al político ultraderechista en las elecciones de octubre de ese año.

Todos formaban parte del llamado núcleo crucial de la organización criminal y, junto a Bolsonaro, enfrentarán ahora la justicia Alexandre Ramagem, exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Almir Garnier, excomandante de la Marina, y el general de la reserva Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad de la Presidencia.

De igual manera estarán en el banquillo Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, y el general de la reserva Walter Souza Braga Netto, exministro de la Casa Civil.

Los ocho son imputados de cometer los deliyos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio declarado.

Por tales delitos también fueron inculpados otras 26 personas, agrupadas en dos núcleos más, que enfrentarán juicios programados para abril.

Si es rechazada la querella, será archivada; si resulta aceptada por la primera sala del STF, compuesta por cinco ministros, se abrirá una acción penal y los denunciados se convertirán en acusados en el tribunal superior.

De abrirse la fase punitiva, el grupo responderá a un proceso en el Supremo.

El siguiente paso sería el comienzo de la etapa de instrucción procesal, cuando se recogen pruebas y declaraciones de testigos y acusados.

Concluido este periodo, se realizará otro juicio: esta vez, los ministros decidirán si los involucrados son considerados culpables o inocentes. Si son absueltos, la demanda será guardada.

Si son condenados, tendrán penas fijadas de forma individual, dependiendo de la participación de cada uno en las acciones ilegales.

Las posibles consecuencias de este proceso podrían ser significativas para el escenario político brasileño, especialmente para el sector de la derecha.

Bolsonaro está inhabilitado políticamente por ocho años desde junio de 2023 tras cometer abuso de poder político, lo cual le impide postularse a cargos electivos hasta 2030.

Una nueva condena contra el excapitán del Ejército podría fragmentar aún más el movimiento bolsonarista (adeptos del exgobernante entre 2019 y 2022, que agrupa a diversos sectores de la derecha brasileña).

Su ausencia en el escenario electoral plantea el desafío de encontrar un líder capaz de mantener la unidad y el apoyo de su base, lo cual podría llevar a una reconfiguración del espectro político en el gigante sudamericano.

El aura de Bolsonaro cerca de su público tiende a conservarse, si se perciben las multitudes en actos recientes. Su apoyo, más el rechazo al gobernante Partido de los Trabajadores siguen siendo las principales fuerzas de la tendencia para las elecciones del 2026.

Dependiendo del desenlace del juicio y de las estrategias adoptadas por otros adalides de la derecha, la capacidad de movilización y la influencia de este grupo podrían verse afectadas.

Un riguroso análisis en la primera sala del Supremo reforzará la lucha contra discursos de odio y actos antidemocráticos, marcando un precedente en la defensa del Estado de Derecho en el país.

El sonado caso representa, además, una prueba palpable para las instituciones democráticas y la capacidad de la justicia en Brasil para abordar delitos de alto perfil.

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