La propuesta, refrendada en segundo debate por la Asamblea Legislativa con el número 24373, recuerda que esas áreas marinas internacionales representan más del 60 por ciento del océano, y contienen ecosistemas y biodiversidad única sin proteger antes de forma suficiente por instrumentos jurídicos, expresa un comunicado de prensa.

Nuestro país, representado por dedicadas y comprometidas negociadoras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Minrex), abogó siempre por un tratado ambicioso, robusto y basado en la ciencia, para el fortalecimiento de la gobernanza oceánica internacional, añade la declaración de esa cartera.

Este instrumento internacional –recuerda el texto- fue adoptado el 19 de junio de 2023 mediante la Resolución A/RES/77/318 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de casi dos décadas de negociaciones.

Según el Minrex, durante este proceso de unos 15 años, el país ejerció un reconocido liderazgo, y coordinó en la ONU un grupo informal interregional denominado «Las Baulas» en los primeros años de negociación, y luego participó activamente en una agrupación de países latinoamericanos afines.

Nuestro país abogó siempre por un tratado ambicioso, robusto y basado en la ciencia, para el fortalecimiento de la gobernanza oceánica internacional, afirma la declaración.

El BBNJ –agrega el comunicado- crea un marco para la distribución justa y equitativa de los posibles beneficios de las actividades vinculadas a los recursos genéticos marinos y su secuenciación digital en aguas internacionales en beneficio de toda la humanidad, y no solo a los países industrializados con capacidad tecnológica y financiera.

El tratado establecerá mecanismos de gestión por áreas marinas protegidas para conservar y administrar especies y hábitats de alta mar en las zonas internacionales de los fondos marinos, lo cual ayudará al objetivo mundial para 2030 de conservar y gestionar eficazmente al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, aguas continentales, y áreas marinas y costeras.

La iniciativa, tras su aprobación en segundo debate, será remitida a la Presidencia para su sanción como una ley formal, y después de su publicación en La Gaceta, el gobierno depositará formalmente el instrumento de adhesión ante la Secretaría General de la ONU, de conformidad con el artículo 66 del referido instrumento, precisa el texto.

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