Durante la presentación oral en el análisis del STF, los juristas insistieron en esa condición ante la relevancia del caso.

El examen se realiza en la primera sala del Supremo, que decide si recibe o no la denuncia de la Fiscalía General referente al llamado núcleo crucial del golpe, compuesto por ocho personas, entre ellas el exmandatario Jair Bolosnaro, de los 34 imputadas por el complot.

La primera sala la integran cinco de los 11 ministros del máximo tribunal.

Celso Vilardi, abogado de Bolsonaro, por ejemplo, argumentó que la competencia del pleno está determinada por el propio entendimiento más actual de la Corte Suprema con respecto al foro privilegiado.

Para el Supremo, los casos sobre crímenes supuestamente cometidos durante el ejercicio y en función del cargo deben permanecer en el tribunal, incluso después que el objetivo abandone el puesto.

Vilardi señaló, sin embargo, que Bolsonaro era presidente de la República, cuya competencia para juzgar corresponde justamente al pleno, tal como lo prevé la Constitución federal.

Sostuvo que los actos criminales presuntamente practicados tienen relación directa con el puesto y habrían sido practicados en función de él, y que Bolsonaro «llegó a ser investigado cuando todavía era presidente».

En común, los defensores afirmaron, además, que la Fiscalía General no pudo especificar los actos criminales y que ellos no tuvieron acceso a la totalidad de las pruebas utilizadas por la acusación, así como fue corto el plazo recibido para analizar decenas de miles de documentos sobre la querella.

La mayoría de los abogados clamó no poder acceder a los archivos brutos de lo extraído de los celulares decomisados, por ejemplo, para poder construir su propia narrativa, destacando hechos importantes para exonerar a sus clientes.

«Tenemos todo lo que la denuncia y el informe de la Policía Federal citaron, pero este es el recorte de la acusación. Con todo respeto, la defensa tiene el derecho de hacer su propio recorte», dijo Vilardi.

Anteriormente, el fiscal general Paulo Gonet reiteró su denuncia, reafirmando que Bolsonaro dirigió una organización criminal para mantenerse en el poder, incluso con su derrota en urnas en el intento de reelección ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Para el Ministerio Público Federal, la planificación y ejecución del golpe comenzó a mediados de 2021 y no terminó hasta el 8 de enero de 2023, cuando adeptos radicales del exgobernante ultraderechista invadieron y saquearon las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.

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