La divulgación la víspera de un estudio del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador (UES, occidente) sobre el tema en el espacio Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), mostró posiciones que llaman a la reflexión.
Ese muestreo reveló que seis de cada 10 personas consultadas están de acuerdo con las protestas y las marchas contra la norma en el país, aunque, en general, simpaticen con el gobierno.
Un 43.8 por ciento opinó que antes de tomar acción en diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa debió esperar y someter a debate popular el asunto, mientras el 37.2 dijo que no se debe aprobar la minería.
En respuesta a otra interrogante sobre cómo debía manifestarse el presidente Nayib Bukele, el 41.1 señaló que debía propiciar un diálogo nacional y el 41.2 por ciento aseveró que debía desistir de la propuesta y derogar la ley aprobada por la Asamblea. Solo el 6.3 por ciento apoyó la iniciativa gubernamental de minería.
En resumen, en el occidente del país seis de cada 10 se manifestaron en desacuerdo y al 11.6 por ciento el tema le resultó indiferente.
Según Walter Raudales, Coordinador General del Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), la lucha contra la minería tiene activado todo el movimiento social que realiza diariamente diferentes actividades de protestas.
La entrega de la demanda de inconstitucionalidad la víspera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) persigue utilizar la institucionalidad del estado que está cooptada por el gobierno, y también utilizar todos los instrumentos de la lucha comunicacional en esta batalla.
El activista destacó la acción de llevar al órgano judicial una petición de inconstitucionalidad, pese a que no existe separación ni equilibrio de poderes, a pesar de que estamos conscientes, subrayó, de que el sistema judicial está arrodillado ante el Ejecutivo.
Este lunes, organizaciones sociales, la iglesia salvadoreña y otros grupos interpusieron la demanda contra la minería respaldada por al menos 59 mil firmas, las que sumadas a otras entregas superan ya las 200 mil.
La Ley General de Minería aprobada el 23 de diciembre de 2024, es hoy, tal vez, el más serio desafío a la popularidad con la que gobierna Bukele en El Salvador y pudiera erosionar el capital político del mandatario, quien no parece dispuesto a ceder en el empeño.
En el comunicado oficial, los representantes que conforman la Alianza contra la Minería, compuesta de 27 agrupaciones sociales entre organizaciones, colectivos y plataformas, aducen seis inconstitucionalidades en la normativa, una de forma y cinco de contenido, en especial la falta de consulta y de debate.
Los demandantes argumentan que la ley fue presentada, ingresada y enviada a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión el 20 de diciembre, para luego ser analizada al día siguiente en una sesión «exprés» de 98 minutos, donde no hubo representantes de la sociedad civil ni consulta.
Posteriormente la normativa se aprobó el día 23 tras una sesión plenaria de solo dos horas, y finalmente fue sancionada por el presidente Bukele y publicada en el Diario Oficial el mismo día, completando el proceso en apenas tres días.
Los que se oponen a la acción gubernamental esperan que la Sala resuelva como inconstitucional la Ley General de Minería, y se restablezca la vigencia de la ley de prohibición de minería de 2017.
Además otros, según resultados de encuestas, favorecen que el gobierno convoque a un diálogo nacional sobre el tema, e incluso favorecen la realización de una consulta en el país para decidir sobre el plan, hasta ahora “la oveja negra” de las propuestas del presidente.
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