La petición de perdón se hizo de manera especial por la negligencia en la identificación y manejo de restos encontrados de la fosa clandestina del distrito de Perus, en el cementerio Dom Bosco, estado de Sao Paulo.

Tal cárcava fue encontrada el 4 de septiembre de 1990. En el lugar, fueron enterrados ilegalmente cuerpos de personas indigentes, de desconocidos, y de aquellos considerados opositores al régimen castrense.

El área solo pudo ser abierta después del restablecimiento del régimen democrático, cuando se encontraron mil 49 huesos. Un monumento en honor a las víctimas de la represión fue erigido en la necrópolis.

La ceremonia para las disculpas fue abierta al público y se realizó este lunes por ser la fecha en que se celebra el Día de la Memoria, por la Verdad y por la Justicia.

“El Gobierno federal, a través del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, está comprometido con la continuidad y finalización de los trabajos de identificación de los restos óseos de la fosa de Perus», afirmó Evaristo en la solemnidad.

Como gesto alegórico del compromiso de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregó una placa con el pedido de perdón a Gilberto Molina, hermano de Flávio Carvalho Molina, una de las víctimas de la dictadura, torturado en 1971 en un cuartel y más tarde enterrado en esta fosa común.

Según la ministra, una vez más el Estado brasileño reconoce las graves violaciones de derechos humanos y su cartera «pide disculpas a los familiares de los desaparecidos políticos durante la dictadura militar y a la sociedad brasileña por la negligencia entre 1990 y 2014 en la identificación de los huesos encontrados en la fosa de Perus».

En nota publicada, el abogado Jorge Messias destacó que el acuerdo firmado por la Abogacía General de la Unión con el Ministerio Público Federal permite el rescate de la memoria y la verdad.

Por su parte, la fiscal general de la Unión, Clarice Calixto, asegura en otro mensaje que «el acto es histórico porque el horror no puede ser naturalizado. La memoria y la verdad son fundamentales, para que no se olvide y para que nunca vuelva a suceder».

Un informe de una Comisión de la Verdad publicado en 2014 registró 434 muertos y desaparecidos por razones políticas y miles de casos de tortura durante la dictadura.

Como responsables de los martirios, el documento identificó a 377 agentes de ese régimen que no pudieron ser juzgados por una amplia amnistía dictada en 1979 por el propio Gobierno militar que benefició a uniformados y a miembros de grupos armados supuestamente de izquierdas.

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