En una nueva etapa del juicio que inició el 6 de enero pasado, el Ministerio Público tiene hasta el jueves para solicitar las penas contra el político de 69 años, quien gobernó de 2007 a 2012, y otras 12 personas, en un proceso que los involucra en un alegado pacto con el otrora hombre fuerte libio Muamar Gadafi, asesinado en 2011.

Sarkozy enfrenta acusaciones de corrupción, financiación ilegal de campaña y asociación para delinquir por su labor proselitista en 2007 para llegar a la Presidencia, presuntamente con el apoyo del dinero aportado por Gadafi, en un acuerdo que se habría materializado durante su visita a Trípoli en octubre del 2005.

La Fiscalía consideró “inconcebible, inaudito e indecente” la actuación del expresidente, quien insiste en su inocencia, y porta desde principios de febrero un brazalete electrónico tras su condena a un año de prisión por corrupción y tráfico de influencia, decisión sin precedentes en el país derivada del caso que data del 2021, llamado «asunto de las escuchas».

El procurador financiero Philippe Jaeglé manifestó que con su conducta, Sarkozy pudo viciar el resultado de las elecciones del 2007 y poner en peligro la soberanía y los intereses de Francia.

El tiempo transcurrido desde el inicio del juicio en enero ha reforzado nuestras convicciones de lo sucedido, abundó.

Jaeglé fue más allá, al acusar al exmandatario de plagar de mentiras, interferencias y manipulaciones el proceso, en aras de obstaculizarlo.

Por su parte, el principal encartado reiteró que nunca recibió dinero de Gadafi.

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