Del total, 166 están en investigación (el 66 por ciento), 43 fueron desestimadas, 16 conectadas con otros casos, cuatro en reapertura, y una en etapa preparatoria, detalló ese mecanismo vigente desde mayo del pasado año.

En conferencia de prensa la víspera, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, amplió que 67 denuncias guardan relación con el sector administrativo, 52 a salud, y 44 a infraestructura.

Desde la sede del Ejecutivo, incluyó 32 a seguridad, 13 a educación, 11 a desarrollo social e igual cantidad a trabajo, 10 a agricultura, entre otras.

El titular describió que el Ejecutivo atiende problemas de fondo y acompaña sus acciones con medidas de transparencia y rendiciones de cuenta.

Recordó que en este primer trimestre, empezaron con la mejora en evaluaciones internacionales, a partir de que bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo la lucha contra la corrupción tiene un sentido, servir dignamente al pueblo.

Guatemala fue uno de los pocos países a nivel de Centroamérica que mejoró en el índice, y el único de toda la región que cambia la tendencia, acotó el funcionario.

Significó el fortalecimiento de las instancias de asuntos de probidad de cada una de las dependencias, caracterizadas por su especialización y su permanencia.

Advirtió que no era común en gobiernos anteriores emitir tan siquiera uno o dos acuerdos sobre transparencia, mientras que lanzó ya seis vinculados también con la lucha contra la corrupción.

A pesar de estos esfuerzos, el propio jefe de Estado guatemalteco señaló antes a la fiscal general, Consuelo Porras, como un obstáculo para las investigaciones clave que podrían destapar diferentes redes. Los Expedientes de corrupción -acorde con entendidos- demuestran el compromiso de la administración nacional con las denuncias y permiten a la ciudadanía dar seguimiento a los casos.

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