El envío a la nación centroamericana de más de 250 inmigrantes -la mayoría venezolanos- señalados de pertenecer a la organización delictiva Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada por el mandatario republicano, se mantiene en el centro de una disputa legal.

“El Tribunal tiene todos los hechos que necesita para abordar los problemas de cumplimiento ante él”, escribieron la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia en un documento entregado la víspera al juez de distrito James Boasberg.

Según el texto, “más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que el Tribunal carece de competencia para abordar”.

El documento de 10 páginas subrayó que “la información solicitada por el Tribunal está sujeta al privilegio de secretos de Estado porque su divulgación representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores”.

Boasberg rechazó ayer levantar el bloqueo a la deportación de migrantes bajo esa ley y dijo que ellos merecían antes una audiencia judicial.

El «uso sin precedentes» por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros (de 1798) no exime al gobierno de la responsabilidad de garantizar que los hombres deportados pudieran impugnar su designación como presuntos pandilleros en una audiencia judicial previa.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros —una autoridad en tiempos de guerra utilizada para deportar a ciudadanos foráneos con escaso o nulo debido proceso— argumentando que la pandilla venezolana Tren de Aragua es un «estado criminal híbrido» que está invadiendo Estados Unidos.

Sin embargo, Boasberg bloqueó temporalmente el uso de la ordenanza, calificando las deportaciones de «terriblemente aterradoras» e «increíblemente problemáticas».

De acuerdo con medios locales, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) admitió posteriormente en una declaración jurada que «muchos» de los extranjeros deportados en virtud de esa ley no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.

El domingo el zar de la frontera Tom Homan afirmó en una entrevista con ABC que todos los migrantes deportados a El Salvador eran “conocidos pandilleros”, pero no pudo proporcionar información específica, ni pruebas.

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