Entre los imputados por la Fiscalía General figuran el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete aliados.

Las demandas preliminares son recursos de defensa sobre la querella que pueden alterar el rito del juicio en el Supremo.

Por ejemplo, el impedimento de los ministros de la corte para actuar en el caso o posibles irregularidades en el proceso de investigación.

Tales solicitudes, que generalmente discuten cuestiones de procedimiento, tratan temas que deben ser decididos antes de que el colegio avance para discutir el fondo de la solicitud, es decir, la propuesta de apertura de una acción penal contra los involucrados en el caso.

Después del análisis de los recursos, la sesión fue aplazada.

El juicio en la primera sala del Supremo se reanudará mañana, cuando los ministros presentarán sus votos y decidirán si los denunciados van a convertirse o no en acusados.

Al comenzar el análisis este martes, el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso en el STF, afirmó que Bolsonaro y aliados formaron un núcleo crucial de la organización criminal acusada de la componenda golpista.

«De ellos partieron las principales decisiones y acciones de impacto social narradas en la denuncia», afirmó De Moraes al leer el informe de la denuncia en la primera sala.

Señaló que los denunciados integraron la organización criminal, «conscientes de su propósito ilícito, de permanencia comunitaria en el poder y unidad de propósitos, se dividieron en tareas y actuaron de manera relevante para obtener la ruptura violenta, el orden democrático y la deposición del Gobierno legítimamente elegido».

Minutos más tarde, el fiscal general Paulo Gonet aseguró durante la lectura del informe de la denuncia que hubo un intento de golpe y que la acción resulta punible.

«El intento porque, como es evidente, golpes que se llevan a cabo no generan castigo de los victoriosos. La tentativa es el hecho punible descrito en la ley», aclaró Gonet.

Insistió en que la «organización criminal documentó proyecto de golpe» y durante las investigaciones se encontraron manuscritos, archivos digitales, intercambios de mensajes «reveladores de la marcha de la ruptura del orden democrático».

Las ocho personas, de las 34 denunciadas, fueron inculpadas por el Ministerio Público Federal de cometer los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio declarado.

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