El gobierno del expresidente Joko Widodo designó Rempang Eco City como proyecto estratégico nacional, lo que provocó el desplazamiento de comunidades locales desde finales de 2023.
«En nombre del gobierno, permítanme disculparme por el maltrato del pasado», declaró Suryanagara, «la transmigración debe ser voluntaria, es comprensible que se opusieran a la reubicación».
El ministro reconoció que el enfoque del gobierno fue inapropiado e insensible a los derechos de las comunidades afectadas.
Aclaró que el uso de la tierra en la isla es supervisado por la Autoridad de Desarrollo de Batam y que muchos residentes fueron considerados ocupantes ilegales por falta de documentos formales de propiedad.
El conflicto se agudizó en septiembre de 2023, cuando la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a residentes que bloqueaban la medición y delimitación de tierras por parte de las autoridades locales.
La respuesta policial generó críticas y debates sobre derechos territoriales, comunidades indígenas y prioridades de desarrollo.
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