El máximo tribunal argumentó que no hay pruebas de que Cerrón cometiera delito, al firmar un contrato para la construcción de un aeropuerto en la región centroandina de Junin, cuando era gobernador de ese territorio.

La sentencia indica que, si bien la adjudicación de la obra registró irregularidades administrativas, no hay pruebas de que el dirigente político hubiera defraudado al Estado e incurrido en el delito de colusión, es decir, pactado con la empresa contratada un beneficio a cambio de favorecerla.

Desde la clandestinidad, el dirigente difundió en la red X que el fallo es “una prueba más de las sentencias ilegales y politizadas” y anota que no solo fue condenado sin pruebas, sino que ignoró que el caso había prescrito.

Uno de los argumentos de la defensa señaló en el juicio a Cerrón que la Gobernación no pago ni un centavo a la empresa contratada.

El secretario de Prensa del PPL, Richard Rojas, manifestó su satisfacción por el fallo y dijo que su organización siempre creyó en la inocencia de Cerrón y en que era víctima de persecución judicial.

Añadió que este es el segundo caso en el que se determinó la inocencia del dirigente, aunque aún tiene pendiente otro caso por presunto lavado de activos, del cual, dijo, saldrá también indemne.

Preguntado sobre la posibilidad de qe Cerrón postule en las elecciones convocadas para el 12 de abril de 2026, Rojas dijo que es el candidato natural del PPL, pero él decidirá al respecto.

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