Partidos de la derecha y de la ultraderecha presentaron el libelo a propósito de la fallida compra venta de la casa del exdignatario, pero la abogada de Fernández, Claudia Sarmiento, argumentó que el contrato no se materializó y mucho menos se generó un aumento patrimonial.

La vivienda iba a ser adquirida por el Ministerio de Bienes Nacionales para crear allí un museo dedicado a Allende, víctima del golpe de Estado de 1973, pero la Constitución prohíbe expresamente a funcionarios del Gobierno realizar negocios con el Estado.

Sarmiento indicó que Fernández no impulsó la compra, no redactó ni una sola cláusula de la escritura pública, ni fijó el precio o negoció elemento alguno.

Recordó que el interés público asociado a la decisión del poder Ejecutivo de adquirir la propiedad se encuentra en la necesidad de conservar la memoria histórica del país para que la promesa del nunca más sea imperecedera.

El presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende, fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, que sumió al país en uno de los momentos más oscuros de su historia.

“La necesidad de preservar las casas de quienes dirigieron los destinos de esta nación, no puede estar ni podrá ser objeto de una acusación constitucional”, señaló la letrada.

Sarmiento también hizo alusión a las declaraciones ante la comisión investigadora del caso de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien aclaró que solo se tomó razón de un acto preliminar y que el proceso de compra venta no llegó a concretarse.

La acusación a la extitular de Defensa fue rechazada en la cámara baja por 70 votos en contra frente a 64 a favor.

En febrero pasado, otro libelo presentado contra Fernández también fue desestimado por el Tribunal Constitucional.

Con esta suman siete las acciones constitucionales presentadas por la oposición contra ministros del Gobierno rechazadas en el Congreso.

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