La representante de la RC sostuvo este miércoles un encuentro con el directorio de la Cámara de Comercio de Quito, donde reafirmó su compromiso con el sector empresarial y propuso que las alianzas público-privadas sean el eje central para reactivar la economía y generar empleo sostenible.

“Solo con acuerdos y cooperación será posible superar la crisis y construir un Ecuador con mayor estabilidad y bienestar”, afirmó.

Hace unas horas González estuvo en un evento masivo con la ciudadanía de las comunidades indígenas de la parroquia Cutuglahua, de la provincia de Pichincha, a quien les prometió “no fallar”, pues va a reactivar la agricultura y la actividad artesanal con créditos productivos.

Mientras tanto, el presidente-candidato continuó con su agenda territorial sin deslindar sus funciones de mandatario de su rol en campaña.

En una visita en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en el municipio Samborondón, de la provincia costera de Guayas, Noboa se comprometió a crear un millón de empleos en los próximos cuatro años si vence a su oponente en las urnas el próximo 13 de abril.

Luego, en un evento con simpatizantes en Guayaquil, declaró: “Hoy estamos en campaña, aunque algunos no quieran que salga a territorio o que quieran que le encargue la presidencia a una traidora (la vicepresidenta, Verónica Abad) que ya está destituida”.

Sus palabras avivan el debate sobre el uso de recursos públicos en la contienda electoral y los límites éticos de su doble condición de presidente y candidato.

El presidente no ha tomado licencia durante el periodo de la campaña electoral que finalizará el 10 de abril, requisito que consta como obligatorio en la legislación para funcionarios que buscan una reelección.

En caso de tomar la licencia, le correspondería a la vicepresidenta Abad ocupar la jefatura del Ejecutivo.

Sin embargo, existe un litigio legal porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la sancionó con la suspensión de sus derechos políticos por dos años, pero en el fallo el organismo señaló que eso no implica la destitución.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 13 de abril para decidir entre ambos candidatos que promueven dos proyectos de país diferentes.

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