Con el título de “Quedan cuentas pendientes en el ordenamiento territorial”, la edición digital del periódico Granma reveló este miércoles las apreciaciones del Gobierno.
Según la fuente, la vice primera ministra Inés María Chapman llamó “a trabajar de forma diferente, según las características de cada municipio”, con agendas propias guiadas por la Ley 145 “Del Ordenamiento Territorial y Urbano, y la Gestión del Suelo”, promulgada en 2022.
La dirigente pidió “sensibilidad para atender a la población” y calidad en los servicios, al exponer la visión del Ejecutivo en la reunión de balance anual del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), la cual contó con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.
Al decir de Chapman, el uso de la plataforma digital Bienestar puede ser una de las vías para facilitar el funcionamiento de estructuras administrativas y de gobierno, “con incentivo a la participación popular”.
Dicha herramienta tecnológica ofrece a ciudadanos, empresas y organizaciones la posibilidad de interactuar de manera bidireccional, acortando tiempo, distancias e incluso el costo que implica actualmente trasladarse hacia determinada entidad por un trámite o servicio, opinan expertos.
El titular del Inotu, el general de división Raúl Acosta, aseguró que las principales prioridades para 2025 son mejorar la eficiencia de los servicios y el empleo del presupuesto; así como la calidad de la información catastral.
Asimismo, la erradicación de ilegalidades, el avance en la cooperación internacional y el fomento de la ciencia e innovación en el sector, dijo el responsable, citado por el diario Granma.
La directora general de Planeamiento, Ibis Menéndez, anunció el establecimiento de un cronograma para actualizar instrumentos relacionados con la Ley 145: pretenden culminar los planes en las cabeceras provinciales durante 2025, en los demás asentamientos urbanos en 2026, y en los rurales para 2030.
A lo largo de 2024, señaló, solo se completaron 112 planes urbanos, menos de la mitad de lo previsto, mientras que en los rurales ninguna provincia logró el cumplimiento.
En un escenario donde “más del cinco por ciento de la población cubana habita en barrios precarios, esa realidad favorece las ilegalidades, de las cuales surgieron más de 14 mil nuevas y quedan más de cien pendientes, después del último periodo anual”, explicó Menéndez.
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