Para el efecto, Espinoza encargó el caso al fiscal supremo adjunto Dante Pimentel, a fin de que determine si amerita o no ilegalizar al partido de Keiko Fujimori, hija del fallecido exgobernante Alberto Fujimori.

Pimentel recibió instruccciones de la fiscal para realizar un informe detallado sobre el estado actual de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos y recopile declaraciones públicas de Fujimori y sus mensajes por las redes de Internet.

La ilegalización fue pedida por la ciudadana Beatriz Cano, quien sostiene que Fujimori y su partido tuvieron actitudes antidemocráticas al menos en tres oportunidades.

Precisó que la tres veces candidata presidencial derrotada y FP hicieron pasar como pequeños aportes de campaña electoral, millones de dólares recibidos de empresas extranjeras y locales, entre otras fuentes, lo que es materia de un proceso-

Mencionó además la trampa tendida al ex gobernante neoliberal Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), obligado a renunciar.

La trampa consistió en ofrecerle que la mayoría parlamentaria fujimorista del Parlamento de entonces no lo vaqueara (destituyera), a cambio de que otorgara prebendas a congresistas de FP que simulaban ser disidentes del fujimorismo.

Cano agrega que el partido neoliberal alegó falsamente fraude electoral, tras la victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, en la elección presidencial de 2021.

rc/mrs