Con 106 votos a favor, los asambleístas dieron luz verde a una normativa que tiene como objeto dar participación a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las rentas del Estado y sus empresas públicas.

La medida pasará a manos del Ejecutivo y de entrar en vigor las provincias mencionadas deberán recibir un dólar por cada barril de petróleo industrializado, el 10 por ciento para parroquias, el 50 por ciento para municipios y el 40 por ciento para la prefectura.

“Exigimos al presidente Daniel Noboa que no vete esta ley, como ha hecho con muchas otras. Esta vez, presidente, se trata de justicia histórica con pueblos que usted aún no ha visitado, pero que han sostenido al país por décadas”, señaló un comunicado de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).

La sesión de la Asamblea de este miércoles tuvo lugar en Esmeraldas, ciudad declarada en emergencia por el derrame de petróleo del pasado 13 de marzo provocado por una rotura en el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE)

Durante la sesión, comparecieron los alcaldes de Esmeraldas, San Lorenzo, Quinindé y Río Verde, quienes describieron el impacto del derrame de petróleo, la crisis ambiental y las necesidades de cada sector, pero también hicieron cuestionamientos al Gobierno.

Para el bloque oficialista del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) la decisión de ir a Esmeraldas fue calificada como una «vergüenza» y un «show político» para atacar al candidato-presidente, Daniel Noboa, y no asistieron

En respuesta, los asambleístas del RC señalaron que “show es su indiferencia. Show es su ignorancia del trabajo parlamentario, porque esta sesión no tiene costo en viáticos. ¡Por eso no vinieron! Porque aquí no hay comodidad, sino compromiso”.

La candidata presidencial Luisa González, de la RC, cuestionó esta mañana la inacción del mandatario ante el vertido de más de 25 mil barriles de crudo, pues ni siquiera ha ido personalmente a constatar la situación.

El derrame ocurrido el pasado 13 de marzo, del cual la víspera se conocieron cifras exactas de la cantidad vertida, es considerado el más grave ocurrido en Ecuador en casi 30 años.

La tragedia se complicó anoche por la rotura de uno de los diques colocados para contener el crudo en el río Caple.

La crisis ambiental dejó 500 mil personas sin acceso a agua potable, hubo daños en los ríos y en la salud de los pobladores, en la economía local, así como afectaciones para la flora y la fauna, incluido un refugio natural de vida silvestre con más de 250 especies.

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