Costa aludió a la decisión de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) que este miércoles aceptó la denuncia de la Fiscalía General contra Bolsonaro y colaboradores por la trama golpista tras las elecciones en 2022 y convirtió a los imputados en acusados.

Tras la aceptación de la querella, basada en investigaciones de la Policía Federal, se tramitará la acción penal y comenzará la fase de instrucción, durante la cual las partes recopilarán pruebas y tomarán declaraciones a testigos.

Una vez concluido ese periodo, se realiza el juicio punitivo en el STF y se determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Si son declarados culpables, Bolsonaro y sus aliados podrían enfrentar penas de prisión de hasta 40 años, además de otras sanciones legales.

Para Costa, el juicio, sin fecha definida, beneficia directamente al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el PT.

«Esta es una situación crítica para la extrema derecha, una situación de fragilidad, principalmente porque Bolsonaro es el principal líder de la extrema derecha en Brasil», afirmó en un comunicado.

Sin embargo, aclaró el senador que, aunque el debilitamiento de Bolsonaro tiene un impacto positivo para el actual Gobierno, esto no significa el fin de la influencia política de la derecha radical.

Reconoció que los sectores más conservadores siguen activos e influyentes, especialmente en el Congreso Nacional. «Vamos a tener que encontrarlos cara a cara con otros nombres, con nuevas ropas», advirtió.

La denuncia sostiene que Bolsonaro y sus adeptos intentaron anular los resultados electorales que dieron la victoria a Lula.

Entre las acciones concebidas por el llamado núcleo crucial se incluyen la incitación a disturbios, similares a los ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando incondicionales del político ultraderechista invadieron y saquearon las sedes del STF, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia.

La organización criminal habría actuado con división de tareas, elaborando y difundiendo desinformación, presionando a las Fuerzas Armadas e instigando la invasión de edificios públicos.

También, se invoca que existía un plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del Supremo Alexandre de Moraes, pero el designio no se perpetró por la falta de apoyo militar.

Los cargos presentados incluyen intento violento de abolir el Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada y daño al patrimonio público.

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