Especialmente en el último mes se dio algo de confusión en cuanto a regresar como estábamos antes, pero si tenemos que continuar separando la basura, afirmó el vicetitular en conferencia de prensa.

Estamos buscando un país más limpio, nuestras playas, ríos, montañas están inundadas de desechos porque los estamos manejando mal, señaló la autoridad.

Aprovechó la ocasión para compartir con los presente en el espacio llamado La Ronda la herramienta virtual Ana, con inteligencia artificial, que brinda información para ayudar a entender mejor cómo separar la basura.

Resaltó que trabajan en fortalecer a las municipalidades en el tema y abordó el convenio de cooperación firmado entre el Instituto de Fomento Municipal, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el de Desarrollo y su organismo.

Nos unimos para poder desarrollar una estrategia de apoyo a esas demarcaciones y así garantizar el acceso universal al agua, el saneamiento y la gestión integral de residuos y desechos sólidos, describió Castellanos.

Desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, remarcó el compromiso desde el Gobierno Central de acompañar a las municipalidades para lograr los recursos financieros necesarios en este sentido.

El funcionario mencionó además acciones realizadas relacionadas con el Reglamento como capacitaciones técnicas y entrega de información, especialmente para las unidades ambientales.

Expuso que más del 80 por ciento de los 340 municipios de este territorio centroamericano respondieron que accionan en la implementación de la normativa, unos avanzados y otros poco, pero interesados, reconoció.

El viceministro abordó el cierre técnico del vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán, el segundo más grande del país, el cual se prevé se concrete para finales de 2026.

El Ministerio de Ambiente tiene instaladas mesas técnicas desde que recolectores y recicladores de basura protestaron en calles de esta capital contra el Reglamento.

Los manifestantes alegaron que esta normativa los afecta debido a que obliga a los ciudadanos a clasificar los desechos en sus hogares y unas 30 mil quedarían sin posibilidad de ingresos.

El Reglamento constituye una necesidad urgente para mitigar la creciente crisis de contaminación por basura que afecta a Guatemala y aprovechar las potencialidades del reciclaje, advirtieron expertos.

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